EDUCANDO A SUS MIEMBROS
República Dominicana (Cortesía de Lázaro Arias)
Actualización del Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (“ROSC”) de Contabilidad y Auditoría Agosto de 2009
Nota técnica preparada como parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF/FSAP)
Actualización del Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (“ROSC”) de Contabilidad y Auditoría Agosto de 2009
Nota técnica preparada como parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF/FSAP)
CONTENIDO
Abreviaturas y Siglas Principales ii
Resumen Ejecutivo iii
I. Antecedentes 1
I.A. Programas ROSC de Contabilidad y Auditoría y PESF/FSAP 1
I.B. Contexto Económico 1
II. Marco de Contabilidad y Auditoría: Cambios Principales desde 2004 5
II.A. Marco Legal 5
II.B. La Profesión Contable 9
II.C. Formación Contable y Capacitación 12
II.D. Establecimiento de Normas de Contabilidad y Auditoría 14
II.E. Cumplimiento de las Normas de Contabilidad y Auditoría 15
III. Prácticas Observadas de Información y Auditoría 17
III.A. Situación de la Adopción de las NIIF y las NIA en la República Dominicana 17
III.B. Revisión de Estados Financieros 17
III.C. Percepción Acerca de la Calidad de la Información Financiera 18
IV. Recomendaciones 19
La presente nota técnica ha sido preparada por un equipo del Banco Mundial dirigida por Henri Fortin (LCSFM) e incluyendo a Michelle Tejada (LCSOS) y David Martínez Muñoz (LCSFM), sobre la base de un examen de diagnóstico realizado entre enero y abril de 2009, como parte de la actualización del PESF/FSAP (Banco Mundial – FMI) en la República Dominicana. La revisión se llevó a cabo siguiendo un proceso participativo que involucró diversas partes interesadas del país, con el apoyo del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Superintendencia de Bancos (SB), la profesión contable local y las comunidades académicas y empresariales. Los comentarios y sugerencias recibidas del BCRD, Marco Arena (LCSFP), Ana Cristina Hirata Barros (LCSFM), Luc Cardinal (ECCAT), Robert Bou Jaoude (MNAFM), Joseph Kizito (LCSFM), y Jamil Sopher (LCSFM) se llevaron encuenta. El equipo de trabajo agradece el apoyo y los comentarios recibidos, así como la contribución de la División de Traducciones de la Secretaría del BCRD, quien preparó la traducción al español del informe.
Moneda: Peso Dominicano
US$1 = RD$35.95 al 31 de mayo del 2009
Abreviaturas y Siglas Principales
BCRD Banco Central de la República Dominicana
Big4 Cuatro mayores redes internacionales de firmas de contaduría pública
C&A Contabilidad y Auditoría
CAFTA Acuerdo de Libre Comercio de Republica Dominicana y Centro América
CODOCON Colegio Dominicano de Contadores
CPC Contador Publico Certificado
DGII Dirección General de Impuestos Internos
DPC Desarrollo profesional continuo
EIRL Empresa individual de responsabilidad limitada
FMI Fondo Monetario Internacional
IAASB Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
IAESB Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría
IASB Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
ICPARD Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la RD
IDE Inversión directa extranjera
IES Normas Internacionales de Formación para Contadores Profesionales
IFAC Federación Internacional de Contadores
LAC América latina y el Caribe
LMF Ley Monetaria y Financiera
LMV Ley de Mercado de Valores
LSS Ley de Seguridad Social
NIA Normas Internacionales de Auditoría
NIC Normas Internacionales de Contabilidad
NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera
PCGA Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
PESF/FSAP Programa de Evaluación del Sector Financiero
PIB Producto interno bruto
PYME Pequeñas y medianas empresas
RD República Dominicana
ROSC Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos
(Report on the Observance of Standards and Codes)
SB Superintendencia de Bancos
SEESCyT Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
SIPEN Superintendencia de Pensiones
SIS Superintendencia de Seguros
SIV Superintendencia de Valores
SMO Declaraciones de Obligaciones de los Miembros
SRL Sociedad de responsabilidad limitada
Resumen Ejecutivo
i. Este informe es una actualización del informe de 2004 sobre la Observancia de Normas y Códigos (ROSC, sigla en inglés) de Contabilidad y Auditoría (C&A) en la República Dominicana (RD). El trabajo de campo se llevó a cabo durante 2004 y aquel informe fue publicado en 2005. El objetivo principal del ROSC de 2004 era ayudar al Gobierno dominicano en el fortalecimiento de las prácticas de C&A, en apoyo al crecimiento económico sostenido y las mejoras en la competitividad de las empresas locales. La presente actualización, se concentró particularmente en el análisis de los cambios importantes en: (a) el marco legal para las normas y prácticas de C&A; (b) la profesión de C&A; (c) la calidad de la enseñanza de la contabilidad en el nivel terciario; (d) la ejecución de los requisitos de la C&A, tanto dentro de la profesión como por las autoridades reguladoras del sector financiero; y (e) las normas de declaración financiera en el sector bancario.
ii. Desde 2004, el panorama de la C&A dominicana no ha cambiado de modo importante, aunque se han producido varias mejoras. En el sector empresarial en su conjunto, el cambio más significativo ha sido la aprobación de una nueva ley de empresas en 2008, que eleva el umbral para las auditorías obligatorias y establece una nueva y más simple categoría de entidad comercial, con menos requisitos de C&A, que representa acontecimientos positivos.
iii. En el sector financiero, los reglamentos y la supervisión prudenciales se han reforzado sustancialmente después de la crisis financiera de 2003. Por su parte, la autoridad reguladora del mercado de valores continuó fortaleciendo su supervisión normativa, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el desarrollo del mercado de valores de la RD.
iv. En cuanto a la profesión contable en República Dominicana, sigue con divisiones. La asociación legalmente reconocida de profesionales de contabilidad, el ICPARD, tiene nuevos líderes desde el otoño de 2008. Se han anunciado planes para aplicar un programa de formación continua para los miembros. Sin embargo, la capacidad financiera del ICPARD se ve gravemente obstaculizada ya que los ingresos de una tarifa de sellos previstos por la ley, percibidos de los estados financieros anuales, han disminuido tras la introducción de la presentación computarizada de las declaraciones de impuestos corporativas. Esta falta de capacidad financiera plantea interrogantes sobre si el ICPARD puede cumplir sus prioridades inmediatas.
v. Otro de los retos significativos que enfrenta el ICPARD es el de cumplir sus obligaciones como miembro de la IFAC, especialmente en lo relativo a los requisitos de entrada, la formación continua, la ética, la garantía de la calidad y la disciplina. El nuevo liderazgo del ICPARD y las principales firmas contables han estado desarrollando una propuesta para la certificación profesional de contadores públicos desde enero de 2009.
vi. En términos de formación y capacitación, el número de estudiantes de contabilidad en las universidades de mayor prestigio ha ido disminuyendo desde 2004, debido a la disminución de prestigio de la profesión. La mejora de las prácticas locales de C&A de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, sigla en inglés) y las Normas Internacionales de Auditoria (ISA, sigla en inglés) y sus equivalentes para las PYME, implica una mejora de la formación contable. Unas pocas universidades han tomado medidas para reformar sus planes de estudios, pero aún queda mucho por hacer. Un proyecto iniciado en 2002 y dirigido por el gobierno para mejorar los planes de estudios universitarios de contabilidad nunca se completó. El acceso de los contadores profesionales a la formación en las normas internacionales es muy limitado.
vii. En cuanto a la aplicación de las normas, el cambio más significativo desde 2004 ha sido la creación dentro de la autoridad supervisora bancaria, la SB, de una nueva Unidad de Control de Auditoria, que ya ha dado resultados positivos y una mejor percepción de la supervisión bancaria en todo el país. El cumplimiento de los requisitos contables entre las entidades no bancarias es desigual y es preciso reforzarlo. Las otras superintendencias del sector financiero deben seguir los pasos de la SB, de ser posible, estableciendo un sistema de inspección y registro común para auditores. En el país, la supervisión de auditores por la profesión de auditoría misma debe ser reforzada en forma considerable.
vii. El ROSC C&A de 2004 había propuesto 12 recomendaciones. Hasta la fecha, dos recomendaciones han sido objeto de aplicación sustancial y se han hecho algunos avances o se han tomado los primeros pasos hacia la aplicación de otras cinco recomendaciones.
ix. Mirando hacia el futuro, las áreas de atención primaria deben incluir lo siguiente:
• El establecimiento de un financiamiento adecuado para el ICPARD a fin de que la entidad oficial de contables profesionales del país tenga los medios para llevar a cabo las funciones que le asigna la ley y cumplir sus obligaciones como miembro de la IFAC;
• La adopción de las NIIF para las PYME emitidas por el IASB en julio de 2009, a fin de proporcionar un alivio muy necesario a las entidades en el extremo inferior del espectro corporativo y establecer normas de declaración realistas y alcanzables;
• Llevar a cabo una evaluación de los efectos que conlleva armonizar las normas contables reguladoras para bancos y compañías de seguros con las NIIF, allanando de este modo el camino para la aplicación de las NIIF de manera que sea ordenada y compatible con los requisitos prudenciales;
• La aplicación de un sistema continuo de desarrollo profesional para los contadores y auditores en ejercicio;
• Llevar a cabo el plan de la profesión para crear una certificación para la profesión de auditoría al estilo de Estados Unidos o Canadá, primero sobre una base voluntaria, excepto para los sub-sectores claves como la banca, seguros, valores y administración de fondos de pensiones; y
• En el corto plazo, la elaboración de un amplio Plan de Acción Nacional (CAP, sigla en inglés) para aplicar las recomendaciones de política de arriba.
Resumen de las Recomendaciones
A corto plazo (dentro de 1 año) A mediano plazo (2 a 3 años)
Prioridad
alta • Adoptar la NIIF para PYMEs emitidas en julio de 2009 (en lugar del NIIF pleno.)
• Aumentar la transparencia y la divulgación en el sector financiero;
• Establecer un financiamiento adecuado al ICPARD para que pueda llevar a cabo las funciones que le asigna la ley y cumplir con sus obligaciones de la IFAC; • Aplicar un sistema permanente de desarrollo profesional para los contadores y
auditores activos;
• Crear una certificación profesional para auditores, que sea un requisito para el sector financiero y voluntario para los demás sectores;
Prioridad
Media • Adoptar el más reciente Código de la IFAC;
• Elaborar un amplio Plan de Acción Nacional para aplicar las recomendaciones;
• Establecer un proceso de inspección conjunta entre las autoridades reguladoras del sector financiero;
• Realizar una evaluación de los efectos que conlleva armonizar las normas contables reguladoras de los sectores bancario y de seguros con las NIIF;
• Modernizar la enseñanza universitaria de contabilidad;
I. Antecedentes
I.A. Programas ROSC de Contabilidad y Auditoría y PESF/FSAP
1. La revisión de las prácticas de contabilidad y auditoría en la República Dominicana (RD) es parte de la iniciativa conjunta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los Informes sobre la Observancia de Normas y Códigos (ROSC). La revisión se concentró en las fortalezas y debilidades del entorno contable y de auditoría en el sector empresarial y cómo influyen en la calidad de la declaración financiera empresarial. Se utilizaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA) como puntos de referencia para esta evaluación, que incluyó tanto los requisitos legales como las prácticas reales. Este informe proporciona una actualización del ROSC C&A inicial para la República Dominicana que se concluyó en 2004 y se publicó en 2005. El seminario de difusión se celebró en abril de 2006. Una copia del mismo se incluye en el Anexo I.
2. El objetivo del ROSC C&A de 2004 para la República Dominicana era ayudar a las autoridades en su esfuerzo por fortalecer las prácticas de contabilidad y auditoría del país, así como para mejorar el nivel de transparencia financiera en el sector empresarial. Entre las recomendaciones figuran las enmiendas a las leyes vigentes, recomendaciones de política e intervenciones relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad.
3. Una misión conjunta del Banco Mundial y el FMI para actualizar el Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF/FSAP) de República Dominicana se llevó a cabo en Santo Domingo en enero y febrero de 2009. La actualización del PESF incluyó "una evaluación objetiva de las prácticas de contabilidad y auditoría" e incorporó las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de esta evaluación. La justificación para abordar cuestiones de contabilidad y auditoría en el marco del PESF se relaciona principalmente con la importancia de la infraestructura de información para el desarrollo del sector financiero y privado, ya que los prestamistas e inversionistas se basan en informes financieros auditados para tomar las decisiones crediticias y la supervisión de riesgos relacionada. Además, la debida supervisión y gestión empresarial del sector financiero depende de que una transparencia y rendición de cuentas adecuadas estén incluidas en las prácticas de declaración de informes en los sub-sectores correspondientes (banca, seguros, mercado de valores, etc.).
I.B. Contexto Económico
4. Después de la crisis de 2003, el desempeño económico de la RD ha sido fuerte.
En particular, los niveles de crecimiento han superado ampliamente el promedio regional, como se muestra en el Cuadro 1, a continuación. El colapso en 2003 de tres grandes bancos nacionales dio como resultado una pérdida estimada de hasta el 20% del producto interno bruto (PIB). La estabilización de la economía y el fortalecimiento del sistema financiero se convirtieron en la máxima prioridad del gobierno. Se han adoptado medidas correctivas para restablecer la confianza en la gestión económica y fortalecer la supervisión financiera.
Cuadro 1 – Resumen de Indicadores Macroeconómicos
Indicadores RD 2004 RD 2007 LAC 2004 LAC 2007
Crecimiento del PIB (%) 2.0 8.5 6.1 5.3
PIB per cápita (US $) 5,032 3,316 7,273 8,330
Inflación (%) 51.5 6.1 7.2 6.6
Inversión Extranjera Directa (% PIB) 4.2% 6.0% (e) 3.5% 4.0% (e)
Fuente: Indicadores Mundiales de Desarrollo, Unidad de Inteligencia de The Economist y cálculos del equipo técnico del Banco Mundial.
5. La RD ha dado pasos importantes desde 2004 para integrar su economía con las de sus principales socios comerciales, EE.UU. y América Central. En particular, RD es signataria del DR-CAFTA, que entró en vigor en marzo de 2007 (para la República Dominicana). Otra área donde la RD procura una mayor integración con América Central es la de los mercados financieros. Para atraer a los inversionistas extranjeros, la República Dominicana tiene que poner sus prácticas de transparencia empresarial a la par con las de los países desarrollados.
6. El mercado de valores nacional sigue desempeñando un papel limitado, aunque se están haciendo esfuerzos para ampliarlo mediante el fortalecimiento del marco regulador y asociándolo con las bolsas de valores de América Central. En diciembre de 2008, 17 empresas de corretaje y dos compañías fueron autorizadas a participar en el mercado; se aprobaron nueve emisiones de títulos (esencialmente valores comerciales) ascendentes a RD$ l1 064 millones (US$316 millones), y se realizaron otras 18 emisiones por un total de RD$ 35 mil millones (equivalente US$1 mil millones) en el mercado secundario.
7. Grandes grupos financieros de propiedad familiar siguen dominando el sector financiero de la RD. Trece bancos comerciales operan en la RD, de los cuales dos son extranjeros (EE.UU. y Canadá); a diferencia, sólo once bancos de servicios multiples operaban en 2004. Tres de los bancos tienen más del 80% de los activos del sector de ahorros, uno de los cuales (Banco de Reservas) es de propiedad estatal. Además de estos bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos mantienen cerca del 13% de los activos del mercado de ahorros. También hay dos instituciones públicas, además de bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito que se especializan en el crédito al consumidor, así como cooperativas de crédito (estas últimas no reguladas por la Ley Monetaria y Financiera). La distribución de activos no ha cambiado de modo significativo desde el informe del ROSC C&A de 2005.
5. La RD ha dado pasos importantes desde 2004 para integrar su economía con las de sus principales socios comerciales, EE.UU. y América Central. En particular, RD es signataria del DR-CAFTA, que entró en vigor en marzo de 2007 (para la República Dominicana). Otra área donde la RD procura una mayor integración con América Central es la de los mercados financieros. Para atraer a los inversionistas extranjeros, la República Dominicana tiene que poner sus prácticas de transparencia empresarial a la par con las de los países desarrollados.
6. El mercado de valores nacional sigue desempeñando un papel limitado, aunque se están haciendo esfuerzos para ampliarlo mediante el fortalecimiento del marco regulador y asociándolo con las bolsas de valores de América Central. En diciembre de 2008, 17 empresas de corretaje y dos compañías fueron autorizadas a participar en el mercado; se aprobaron nueve emisiones de títulos (esencialmente valores comerciales) ascendentes a RD$ l1 064 millones (US$316 millones), y se realizaron otras 18 emisiones por un total de RD$ 35 mil millones (equivalente US$1 mil millones) en el mercado secundario.
7. Grandes grupos financieros de propiedad familiar siguen dominando el sector financiero de la RD. Trece bancos comerciales operan en la RD, de los cuales dos son extranjeros (EE.UU. y Canadá); a diferencia, sólo once bancos de servicios multiples operaban en 2004. Tres de los bancos tienen más del 80% de los activos del sector de ahorros, uno de los cuales (Banco de Reservas) es de propiedad estatal. Además de estos bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos mantienen cerca del 13% de los activos del mercado de ahorros. También hay dos instituciones públicas, además de bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito que se especializan en el crédito al consumidor, así como cooperativas de crédito (estas últimas no reguladas por la Ley Monetaria y Financiera). La distribución de activos no ha cambiado de modo significativo desde el informe del ROSC C&A de 2005.
El sistema privado de fondos de pensiones introducido en 2003 continúa invirtiendo mayormente en el sistema bancario, a pesar de que la expectativa es que a medida que se desarrollen los mercados de valores nacionales, surgirán más oportunidades para su diversificación. Hasta 2007, más del 98% de los fondos recaudados se habían invertido en valores de renta fija emitidos por el sector bancario. En 2007, los fondos de pensiones fueron autorizados a invertir hasta un 30% de sus recursos en valores de renta fija emitidos por el Banco Central. Además, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) tiene como objetivo permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en instrumentos emitidos por entidades empresariales.
9. La supervisión del sector financiero se encuentra dispersa a través de cuatro distintos organismos gubernamentales, con grados desiguales de coordinación entre ellos:
• La Superintendencia de Bancos (SB) supervisa a las entidades de intermediacion financiera que conforme a la Ley Monetaria y Financiera la integran los bancos multiples, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, asi como las asociaciones de ahorros y préstamos. La regulación del sistema bancario se lleva a cabo exclusivamente por la Administracion Monetaria y Financiera integrada por la Junta Monetaria, el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) y la SB,
• La Superintendencia de Valores (SIV) regula y supervisa el mercado de valores,
• La SIPEN supervisa las administradoras de fondos de pensiones, y
• La Superintendencia de Seguros (SIS) supervisa las compañias de seguros y reaseguradoras.
10. La Administración Monetaria y Financiera y los organismos reguladores y supervisores del mercado de valores, seguros y pensiones vienen realizando esfuerzos para mejorar la coordinación de sus respectivas funciones regulatorias, con el objeto de permitir una eficiente supervisión en base consolidada y un fluido intercambio de las informaciones necesarias para llevar a cabo sus tareas. Por ejemplo, la SB ha sido desginada como líder de la supervisión consolidada . Asimismo, se está elaborando un reglamento de coordinación entre las Superintendencias (ya existen memorandos de entendimientos entre ellas).
11. Las empresas de propiedad estatal (EPE) juegan un papel importante en la economía del país, pero deficiencias significativas inhiben la eficacia de sus operaciones. Se creó un fideicomiso (Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas) a mediados de la década del 90 para recibir los dividendos pagados por las EPE, incluidas las del sector energético. Durante años, el sector energético ha planteado retos importantes, debido a que el servicio es relativamente caro y poco fiable, caracterizado por hurtos, conexiones ilegales, ineficiencia técnica y una cultura de impago de facturas.
12. Igual que en el resto de la región, las estimaciones de crecimiento para 2008 y 2009 han disminuido significativamente, debido a la crisis financiera mundial. La tasa de desempleo sigue elevada, descendiendo sólo al 15.5% a finales de 2007, de 19.7% en 2004. Las remesas, la mayoría de los EE.UU., representan el 7.5% del PIB; esta importante fuente de ingresos se ve amenazada por la recesión en los EE.UU. Aún se requieren nuevas reformas y las empresas dominicanas deben volverse más competitivas en los mercados internacionales.
13. En este contexto, el crecimiento económico sostenido y el mejoramiento de la competitividad de las empresas locales son los pilares estratégicos esenciales del gobierno dominicano. Las propuestas para lograr estos objetivos incluyen: (i) la modernización del marco regulador; (ii) la continuación del fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero; (iii) mejorar el acceso al financiamiento para las PYMEs; y (iv) la profundización de la integración financiera de la RD en el plano regional. Esta actualización del ROSC C&A apoya estos objetivos en el sentido de que las mejoras en la declaración financiera darán lugar a mayor confianza de los inversionistas y facilitará el acceso de las empresas locales al financiamiento.
II. Marco de Contabilidad y Auditoría: Cambios Principales desde 2004
II.A. Marco Legal
14. El Código de Comercio, cuyas modificaciones más recientes fueron en 1953, establece las obligaciones de contabilidad, declaraciones financieras y auditoría externa para las empresas superiores a un determinado tamaño. Cuando se publicó el primer ROSC C&A, el umbral no se había actualizado acorde con la inflación y, por tanto, dichas obligaciones aplicaban a numerosas PYMEs. Sin embargo, se ha reconocido ampliamente que el nivel de cumplimiento de estas obligaciones es escaso. Además, se requería que las auditorías de los estados financieros corporativos fueran publicadas sólo por los grupos financieros; por tanto, casi ninguna empresa dominicana publicaba sus estados financieros. En 2004, el ROSC C&A observó también la inexistencia de comités de auditoría y similares mecanismos de gestión empresarial, así como la falta de sanciones civiles o penales en la ley para desincentivar la declaración financiera fraudulenta o engañosa. Por último, un comisario de cuentas iba a ser nombrado en cada empresa dominicana; sin embargo, se consideró que su función en gran parte duplicaría la del auditor externo.
15. El marco legal de contabilidad y auditoría sigue siendo muy fragmentado. Como se mencionó anteriormente (párrafo 9), el sector financiero es regulado por cuatro agencias independientes. Los bancos, las sociedades anónimas cotizadas, las compañías de seguros y los fondos de pensiones están sujetos a distintos regímenes de declaración financiera y requisitos de auditoría; además, las mejoras logradas en cada subsector posterior al ROSC anterior varían entre las cuatro superintendencias. Los reglamentos que aplican a las empresas estatales no han cambiado y dichas empresas se rigen por los estatutos del sector público. Las corporaciones cerradas están reguladas por la Ley de Compañías. El Cuadro 2 resume los requisitos de contabilidad y auditoría por tipo de entidad comercial.
Cuadro 2 - Resumen de Contabilidad y Auditoría por Tipo de Entidad
Tipo de Entidad Autoridad Supervisora Normas de Declaración Financiera Auditor Publicación de Estados Financieros
Empresas cotizadas (ver Cuadro I) Superintendencia de Valores (SIV) NIIF i, ii Auditor registrado con la SIV Requisito
Instituciones financieras iii Superintendencia de Bancos (SB) Reglamentos de la SB (Pár. 20) iv Auditor registrado con la SB Forma abreviada (sin anotaciones)
Compañías de seguros Superintendencia de Seguros (SIS) Reglamentos de la SIS (Pár. 22) v Auditor registrado con la SIS
Forma abreviada (sin anotaciones)
Fondos de pensiones Superintendencia de Pensiones (SIPEN) Reglamentos de SIPEN vi Auditor registrado con la SIPEN
Forma abreviada (sin anotaciones)
Empresas estatales Sujetas a la supervisión de la Cámara de Cuentas NIIF vii Contador público autorizado No se requiere
Corporaciones cerradas N/A NIIF Contador público autorizado (Pár. 21) No se requiere
i. La Ley No. 479-08 obliga a las empresas a preparar los estados financieros de conformidad con las normas emitidas por el ICPARD y el ICPARD ha adoptado las NIIF (Informe del ROSC C&A 2004).
ii. Ley del Mercado de Valores No. 19-00, Ley No. 729-04 y Resolución de la SIV No. 2008-01.
iii. Incluye todas las instituciones que aceptan depósitos y entidades de crédito tales como bancos comerciales, bancos de desarrollo de la PYME, bancos hipotecarios, instituciones de ahorro y crédito y sociedades financieras especializadas en crédito al consumidor.
iv. Resolución de la Superintendencia de Bancos No. 13-94 y Circular C/012/05 de fecha 30 de septiembre de 2005.
v. Ley No. 146-02, Resolución No. 3-96 y Resolución de la SIS No. 2-2006.
vi. Decreto No. 969-02 y Resolución de la SIPEN No. 28-07.
vii. Ley No. 10-04. La Cámara de Cuentas ha de establecer los requisitos para todas las “sociedades o empresas cuyos activos están total o parcialmente financiados por el Estado, los municipios o las instituciones autónomas”.
16. Una nueva ley de empresas fue aprobada en 2008, que trajo algunas mejoras en los marcos de contabilidad y auditoría para las empresas comerciales; en particular, elevando el umbral para las auditorías exigidas por ley y la identificación de una nueva forma de entidad de negocio con menos requisitos de C&A. El umbral de la auditoría exigido por la ley para las empresas de capital cerrado, que se mantuvo constante en términos nominales desde 1953 (en RD$50 000, es decir, aproximadamente US$1 000), fue llevado a 100 veces el salario mínimo mensual (es decir, aproximadamente US$20 000). Una causa de preocupación, sin embargo, es que el lenguaje de la ley podría ser interpretado en el sentido de que cualquier empresa (que no sea un propietario único: véase el Recuadro 1) "que utiliza crédito de terceros" tendría que preparar estados financieros auditados (Art. 33). Otro cambio importante es que el comisario de cuentas (párrafo 14) ahora debe ser un contador público autorizado con al menos tres años de experiencia en auditoría. Aunque las funciones respectivas de los auditores externos y el comisario de cuentas no se han aclarado como se recomienda, el requisito de que el comisario de cuentas sea un contador profesional es un paso en la dirección correcta, dado que el desempeño de esta función requiere amplios conocimientos contables. Una visión general de las disposiciones clave de la nueva ley de empresas se presenta en el Recuadro 1 (Véase próxima página).
17. El marco legal aún no distingue suficientemente entre las grandes, medianas y pequeñas empresas y es excesivamente gravoso para las PYMEs, tanto en términos de la información financiera como de auditoría. Incluso después de la nueva ley de empresas fue aprobada y el umbral para las auditorías obligatorias se elevó, un gran número de PYMEs (es decir, las incorporadas como sociedades de responsabilidad limitada o SRL) siguen en la obligación de cumplir con las NIIF completas, aunque estas normas fueron diseñadas con una focalización claramente dirigida a las sociedades cotizadas y las grandes entidades corporativas. Se le exige a estas empresas dominicanas obligaciones de declaración mucho más estrictas que sus pares en los EE.UU., la Unión Europea, o en México, etc., lo que no es realista.
18. Con la excepción de los formularios básicos utilizados para preparar declaraciones de impuestos, la información contable en el sector empresarial (es decir, no financiero) no está lo suficientemente estandarizada. A diferencia de muchos países con una tradición de derecho civil, la República Dominicana no ha adoptado un sistema de contabilidad estandarizada que incluiría una nomenclatura de cuentas, formatos para todos los estados financieros y un conjunto mínimo de anotaciones explicativas.
19. La recién publicada NIIF para PYMEs proporcionaría un alivio a las entidades declarantes más pequeñas, siempre que el ICPARD la adopte. La NIIF para PYMEs representa un conjunto completo y autónomo de normas con una presentación más sencilla y un menor nivel de divulgación, más adecuadas para las empresas no cotizadas y las PYME. Estas normas, cuyo desarrollo se inició en 2003, se publicaron en definitiva en julio de 2009.
20. En el sector financiero, los reglamentos prudenciales y la supervisión se han reforzado considerablemente después de la crisis financiera de 2003. Más recientemente, se han introducido nuevos reglamentos para proporcionar una mayor protección a los depositantes; se establecieron nuevas sanciones y nuevas normas para evaluar los riesgos de liquidez y del mercado; se llevaron a cabo auditorías in situ; se fortalecieron los requisitos mínimos de capital y de reservas contra pérdidas; se establecieron normas para la emisión y manejo de valores hipotecarios; se introdujeron nuevos requisitos de gestión corporativa; etc. También se han presentado en el Congreso enmiendas propuestas a la Ley Monetaria y Financiera, destinadas a fortalecer la regulacion y la supervisión.
Las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de divulgar trimestralmente sus estados financieros en uno o más periódicos de amplia circulación nacional, así como de manera anual sus estados financieros auditados, con sus respectivas notas, conforme lo establece la Ley Monetaria y Financiera. En adición, la SB publica en su pígina web las informaciones financieras mensuales de las entidades de intermediación financiera.
Recuadro 1. Nueva Ley de Empresas de 2008: Disposiciones Fundamentales
La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (No. 479-08) se aprobó en diciembre de 2008. Esta ley introduce dos nuevos tipos de entidades empresariales: la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL y la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o EIRL. Las EIRL representan una forma mucho más sencilla, especialmente adecuadas para las PYMEs. La ley también incluye disposiciones relativas a las sociedades cotizadas (Sociedades Anónimas de Suscripción Pública). Las empresas existentes tienen la obligación de ajustar sus estatutos a más tardar el 11 de junio de 2010 o someterse a un proceso de transformación. Las disposiciones fundamentales se resumen a continuación:
Tipo de entidad Compañía de subscripción pública i Corporación cerrada Error! Reference source not found.
SRL EIRL
Número de Accionistas Mínimo 2.
Mínimo 2. Mínimo 2, máximo 50 Uno
Capital autorizado Mínimo RD$30 millones. (sujeto a cambios por SIV) Mínimo RD$30 millones Mínimo RD$100,000 Ningún mínimo o máximo
Comisario de cuentas Requerido. Debe ser un contador público con al menos 3 años de experiencia. Opcional No se requiere
Auditoría anual de
estados financieros
9. La supervisión del sector financiero se encuentra dispersa a través de cuatro distintos organismos gubernamentales, con grados desiguales de coordinación entre ellos:
• La Superintendencia de Bancos (SB) supervisa a las entidades de intermediacion financiera que conforme a la Ley Monetaria y Financiera la integran los bancos multiples, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, asi como las asociaciones de ahorros y préstamos. La regulación del sistema bancario se lleva a cabo exclusivamente por la Administracion Monetaria y Financiera integrada por la Junta Monetaria, el Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) y la SB,
• La Superintendencia de Valores (SIV) regula y supervisa el mercado de valores,
• La SIPEN supervisa las administradoras de fondos de pensiones, y
• La Superintendencia de Seguros (SIS) supervisa las compañias de seguros y reaseguradoras.
10. La Administración Monetaria y Financiera y los organismos reguladores y supervisores del mercado de valores, seguros y pensiones vienen realizando esfuerzos para mejorar la coordinación de sus respectivas funciones regulatorias, con el objeto de permitir una eficiente supervisión en base consolidada y un fluido intercambio de las informaciones necesarias para llevar a cabo sus tareas. Por ejemplo, la SB ha sido desginada como líder de la supervisión consolidada . Asimismo, se está elaborando un reglamento de coordinación entre las Superintendencias (ya existen memorandos de entendimientos entre ellas).
11. Las empresas de propiedad estatal (EPE) juegan un papel importante en la economía del país, pero deficiencias significativas inhiben la eficacia de sus operaciones. Se creó un fideicomiso (Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas) a mediados de la década del 90 para recibir los dividendos pagados por las EPE, incluidas las del sector energético. Durante años, el sector energético ha planteado retos importantes, debido a que el servicio es relativamente caro y poco fiable, caracterizado por hurtos, conexiones ilegales, ineficiencia técnica y una cultura de impago de facturas.
12. Igual que en el resto de la región, las estimaciones de crecimiento para 2008 y 2009 han disminuido significativamente, debido a la crisis financiera mundial. La tasa de desempleo sigue elevada, descendiendo sólo al 15.5% a finales de 2007, de 19.7% en 2004. Las remesas, la mayoría de los EE.UU., representan el 7.5% del PIB; esta importante fuente de ingresos se ve amenazada por la recesión en los EE.UU. Aún se requieren nuevas reformas y las empresas dominicanas deben volverse más competitivas en los mercados internacionales.
13. En este contexto, el crecimiento económico sostenido y el mejoramiento de la competitividad de las empresas locales son los pilares estratégicos esenciales del gobierno dominicano. Las propuestas para lograr estos objetivos incluyen: (i) la modernización del marco regulador; (ii) la continuación del fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero; (iii) mejorar el acceso al financiamiento para las PYMEs; y (iv) la profundización de la integración financiera de la RD en el plano regional. Esta actualización del ROSC C&A apoya estos objetivos en el sentido de que las mejoras en la declaración financiera darán lugar a mayor confianza de los inversionistas y facilitará el acceso de las empresas locales al financiamiento.
II. Marco de Contabilidad y Auditoría: Cambios Principales desde 2004
II.A. Marco Legal
14. El Código de Comercio, cuyas modificaciones más recientes fueron en 1953, establece las obligaciones de contabilidad, declaraciones financieras y auditoría externa para las empresas superiores a un determinado tamaño. Cuando se publicó el primer ROSC C&A, el umbral no se había actualizado acorde con la inflación y, por tanto, dichas obligaciones aplicaban a numerosas PYMEs. Sin embargo, se ha reconocido ampliamente que el nivel de cumplimiento de estas obligaciones es escaso. Además, se requería que las auditorías de los estados financieros corporativos fueran publicadas sólo por los grupos financieros; por tanto, casi ninguna empresa dominicana publicaba sus estados financieros. En 2004, el ROSC C&A observó también la inexistencia de comités de auditoría y similares mecanismos de gestión empresarial, así como la falta de sanciones civiles o penales en la ley para desincentivar la declaración financiera fraudulenta o engañosa. Por último, un comisario de cuentas iba a ser nombrado en cada empresa dominicana; sin embargo, se consideró que su función en gran parte duplicaría la del auditor externo.
15. El marco legal de contabilidad y auditoría sigue siendo muy fragmentado. Como se mencionó anteriormente (párrafo 9), el sector financiero es regulado por cuatro agencias independientes. Los bancos, las sociedades anónimas cotizadas, las compañías de seguros y los fondos de pensiones están sujetos a distintos regímenes de declaración financiera y requisitos de auditoría; además, las mejoras logradas en cada subsector posterior al ROSC anterior varían entre las cuatro superintendencias. Los reglamentos que aplican a las empresas estatales no han cambiado y dichas empresas se rigen por los estatutos del sector público. Las corporaciones cerradas están reguladas por la Ley de Compañías. El Cuadro 2 resume los requisitos de contabilidad y auditoría por tipo de entidad comercial.
Cuadro 2 - Resumen de Contabilidad y Auditoría por Tipo de Entidad
Tipo de Entidad Autoridad Supervisora Normas de Declaración Financiera Auditor Publicación de Estados Financieros
Empresas cotizadas (ver Cuadro I) Superintendencia de Valores (SIV) NIIF i, ii Auditor registrado con la SIV Requisito
Instituciones financieras iii Superintendencia de Bancos (SB) Reglamentos de la SB (Pár. 20) iv Auditor registrado con la SB Forma abreviada (sin anotaciones)
Compañías de seguros Superintendencia de Seguros (SIS) Reglamentos de la SIS (Pár. 22) v Auditor registrado con la SIS
Forma abreviada (sin anotaciones)
Fondos de pensiones Superintendencia de Pensiones (SIPEN) Reglamentos de SIPEN vi Auditor registrado con la SIPEN
Forma abreviada (sin anotaciones)
Empresas estatales Sujetas a la supervisión de la Cámara de Cuentas NIIF vii Contador público autorizado No se requiere
Corporaciones cerradas N/A NIIF Contador público autorizado (Pár. 21) No se requiere
i. La Ley No. 479-08 obliga a las empresas a preparar los estados financieros de conformidad con las normas emitidas por el ICPARD y el ICPARD ha adoptado las NIIF (Informe del ROSC C&A 2004).
ii. Ley del Mercado de Valores No. 19-00, Ley No. 729-04 y Resolución de la SIV No. 2008-01.
iii. Incluye todas las instituciones que aceptan depósitos y entidades de crédito tales como bancos comerciales, bancos de desarrollo de la PYME, bancos hipotecarios, instituciones de ahorro y crédito y sociedades financieras especializadas en crédito al consumidor.
iv. Resolución de la Superintendencia de Bancos No. 13-94 y Circular C/012/05 de fecha 30 de septiembre de 2005.
v. Ley No. 146-02, Resolución No. 3-96 y Resolución de la SIS No. 2-2006.
vi. Decreto No. 969-02 y Resolución de la SIPEN No. 28-07.
vii. Ley No. 10-04. La Cámara de Cuentas ha de establecer los requisitos para todas las “sociedades o empresas cuyos activos están total o parcialmente financiados por el Estado, los municipios o las instituciones autónomas”.
16. Una nueva ley de empresas fue aprobada en 2008, que trajo algunas mejoras en los marcos de contabilidad y auditoría para las empresas comerciales; en particular, elevando el umbral para las auditorías exigidas por ley y la identificación de una nueva forma de entidad de negocio con menos requisitos de C&A. El umbral de la auditoría exigido por la ley para las empresas de capital cerrado, que se mantuvo constante en términos nominales desde 1953 (en RD$50 000, es decir, aproximadamente US$1 000), fue llevado a 100 veces el salario mínimo mensual (es decir, aproximadamente US$20 000). Una causa de preocupación, sin embargo, es que el lenguaje de la ley podría ser interpretado en el sentido de que cualquier empresa (que no sea un propietario único: véase el Recuadro 1) "que utiliza crédito de terceros" tendría que preparar estados financieros auditados (Art. 33). Otro cambio importante es que el comisario de cuentas (párrafo 14) ahora debe ser un contador público autorizado con al menos tres años de experiencia en auditoría. Aunque las funciones respectivas de los auditores externos y el comisario de cuentas no se han aclarado como se recomienda, el requisito de que el comisario de cuentas sea un contador profesional es un paso en la dirección correcta, dado que el desempeño de esta función requiere amplios conocimientos contables. Una visión general de las disposiciones clave de la nueva ley de empresas se presenta en el Recuadro 1 (Véase próxima página).
17. El marco legal aún no distingue suficientemente entre las grandes, medianas y pequeñas empresas y es excesivamente gravoso para las PYMEs, tanto en términos de la información financiera como de auditoría. Incluso después de la nueva ley de empresas fue aprobada y el umbral para las auditorías obligatorias se elevó, un gran número de PYMEs (es decir, las incorporadas como sociedades de responsabilidad limitada o SRL) siguen en la obligación de cumplir con las NIIF completas, aunque estas normas fueron diseñadas con una focalización claramente dirigida a las sociedades cotizadas y las grandes entidades corporativas. Se le exige a estas empresas dominicanas obligaciones de declaración mucho más estrictas que sus pares en los EE.UU., la Unión Europea, o en México, etc., lo que no es realista.
18. Con la excepción de los formularios básicos utilizados para preparar declaraciones de impuestos, la información contable en el sector empresarial (es decir, no financiero) no está lo suficientemente estandarizada. A diferencia de muchos países con una tradición de derecho civil, la República Dominicana no ha adoptado un sistema de contabilidad estandarizada que incluiría una nomenclatura de cuentas, formatos para todos los estados financieros y un conjunto mínimo de anotaciones explicativas.
19. La recién publicada NIIF para PYMEs proporcionaría un alivio a las entidades declarantes más pequeñas, siempre que el ICPARD la adopte. La NIIF para PYMEs representa un conjunto completo y autónomo de normas con una presentación más sencilla y un menor nivel de divulgación, más adecuadas para las empresas no cotizadas y las PYME. Estas normas, cuyo desarrollo se inició en 2003, se publicaron en definitiva en julio de 2009.
20. En el sector financiero, los reglamentos prudenciales y la supervisión se han reforzado considerablemente después de la crisis financiera de 2003. Más recientemente, se han introducido nuevos reglamentos para proporcionar una mayor protección a los depositantes; se establecieron nuevas sanciones y nuevas normas para evaluar los riesgos de liquidez y del mercado; se llevaron a cabo auditorías in situ; se fortalecieron los requisitos mínimos de capital y de reservas contra pérdidas; se establecieron normas para la emisión y manejo de valores hipotecarios; se introdujeron nuevos requisitos de gestión corporativa; etc. También se han presentado en el Congreso enmiendas propuestas a la Ley Monetaria y Financiera, destinadas a fortalecer la regulacion y la supervisión.
Las entidades de intermediación financiera tienen la obligación de divulgar trimestralmente sus estados financieros en uno o más periódicos de amplia circulación nacional, así como de manera anual sus estados financieros auditados, con sus respectivas notas, conforme lo establece la Ley Monetaria y Financiera. En adición, la SB publica en su pígina web las informaciones financieras mensuales de las entidades de intermediación financiera.
Recuadro 1. Nueva Ley de Empresas de 2008: Disposiciones Fundamentales
La Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (No. 479-08) se aprobó en diciembre de 2008. Esta ley introduce dos nuevos tipos de entidades empresariales: la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL y la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o EIRL. Las EIRL representan una forma mucho más sencilla, especialmente adecuadas para las PYMEs. La ley también incluye disposiciones relativas a las sociedades cotizadas (Sociedades Anónimas de Suscripción Pública). Las empresas existentes tienen la obligación de ajustar sus estatutos a más tardar el 11 de junio de 2010 o someterse a un proceso de transformación. Las disposiciones fundamentales se resumen a continuación:
Tipo de entidad Compañía de subscripción pública i Corporación cerrada Error! Reference source not found.
SRL EIRL
Número de Accionistas Mínimo 2.
Mínimo 2. Mínimo 2, máximo 50 Uno
Capital autorizado Mínimo RD$30 millones. (sujeto a cambios por SIV) Mínimo RD$30 millones Mínimo RD$100,000 Ningún mínimo o máximo
Comisario de cuentas Requerido. Debe ser un contador público con al menos 3 años de experiencia. Opcional No se requiere
Auditoría anual de
estados financieros
Requerido a las sociedades con un capital superior a 100 veces el salario mínimo mensual. Además, "todas las empresas que utilizan los créditos de terceros, ya se trate de préstamos sin garantía, garantía o privilegiada, así como los proveedores de comercio o entidades financieras, o tienen ingresos brutos superiores a 100 salarios mínimos, deben tener sus estados financieros auditados de acuerdo con las normas de auditoría adoptadas por el ICPARD "(artículo 33). Se requieren estados financieros auditados y el informe de gestión (artículo 457).
i Sociedad Anónima de Suscripción Pública. Las empresas inscritas están reguladas por la SIV.
ii Sociedad Anónima de Suscripción Privada.
21. La SIV siguió reforzando su supervisión reguladora, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el desarrollo del mercado de valores de la RD. Varias resoluciones fueron adoptadas para fortalecer los reglamentos y mejorar el funcionamiento del mercado de valores. Actualmente, las empresas cotizadas deberán enviar a la SIV una copia de la carta gerencial del auditor externo, de modo que la SIV pueda supervisar los asuntos planteados por la misma relacionados con controles internos y riesgos operativos. La SIV también introdujo un sistema electrónico para la remisión de documentos ("SERI") y ha modificado los requisitos para la publicación de estados financieros en la prensa para reducir los costes operativos. Como otra señal de que la SIV tiene la intención de mejorar la capacidad de los participantes en el mercado de valores, un examen obligatorio con duración de tres horas fue introducido en 2008 para todos los corredores de valores.
22. El marco regulador de contabilidad y auditoría en el sector de seguros sigue siendo relativamente débil. No se han hecho cambios significativos en el marco legal para la contabilidad y la auditoría por el SIS desde el primera ROSC C&A. Las condiciones para la obtención de licencias de auditoría externa siguen siendo meras formalidades. Con pocas excepciones, no se publican los estados financieros de las empresas de seguros, que son entidades de interés público (como son los bancos, las sociedades cotizadas y los fondos de pensiones). Esto impide que los asegurados conozcan la salud financiera de su proveedor de seguros.
23. En general, si bien se han observado algunos avances desde 2004, las empresas dominicanas, especialmente las PYMEs, continúan estando sujetas a una carga reguladora bastante pesada. Esto crea un incentivo para el incumplimiento y fomenta la percepción en los empresarios locales que la contabilidad es en gran parte una función administrativa que agrega un valor limitado a sus actividades empresariales. Una forma relativamente fácil de proporcionar ayuda a las empresas nacionales sería la de adoptar las NIIF más simples para las PYMEs, en lugar de la totalidad de las NIIF, ya que éstas se han diseñado con un enfoque dirigido a las sociedades cotizadas.
II.B. La Profesión Contable
24. Los cambios positivos en la profesión contable de la RD desde la publicación del ROSC C&A 2004 han sido limitados. La capacidad financiera del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) ha disminuido en los últimos años, lo que hace más difícil mantener su nivel de liderazgo y promover las reformas.
25. Los profesionales de la contabilidad en la RD siguen divididos. El ICPARD es el órgano principal de la profesión, y también está legalmente facultado con el establecimiento de las normas de contabilidad de propósito general y de auditoría, así como con la autorregulación de la profesión. La membresía en el ICPARD es obligatoria para todos los contadores en ejercicio. Además, existen dos asociaciones de contadores profesionales de membresía voluntaria: el Colegio Dominicano de Contadores (CODOCON) y la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados. Un proyecto para modificar la ley No. 633-44 para unificar la profesión en el marco del ICPARD está pendiente de aprobación desde 2006. Se han hecho varios intentos para unir estos organismos profesionales, pero estos intentos han fracasado debido a la falta de apoyo entre los respectivos miembros. Estas divisiones, que no son excepcionales en América Latina y el Caribe, han obstaculizado el desarrollo de la profesión contable, especialmente cuando se encuentra todavía en una etapa incipiente, como es el caso en la República Dominicana. Sin embargo, el hecho de que las divisiones persistan no debe impedir que la profesión avance, como lo demuestra el proceso iniciado recientemente para desarrollar un sistema de certificación profesional (véase el Párrafo 31). Este proyecto ofrece oportunidades para que las diferentes asociaciones trabajen juntas en pos del objetivo beneficioso de mejorar el perfil de la profesión vis-á-vis la comunidad empresarial local.
26. La capacidad financiera del ICPARD se ha reducido desde 2004, a medida que han disminuido los ingresos de la tarifa de sellos aplicada a los estados financieros anuales. En el pasado, el 90% de los ingresos de la venta de los sellos se asignaba en partes iguales a ICPARD y CODOCON. Desde 2008, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) permite a las empresas presentar sus declaraciones anuales ("IR-2") por medios electrónicos y las copias físicas ya no son necesarias. Como resultado, el número de sellos comprados por las empresas se ha reducido drásticamente y tanto ICPARD como CODOCON han perdido su fuente principal de ingresos. Al mismo tiempo, el volumen de cuotas de membresía de sus miembros sigue siendo modesto y las cobranzas de las modestas cuotas son bajas , ya que muchos miembros no pagan. ICPARD deberá encontrar formas de aumentar sus ingresos con el fin de cumplir su función adecuadamente.
27. Una nueva dirección fue elegida en el ICPARD en el otoño de 2008 y, desde entonces, ha anunciado planes para aplicar un programa de formación continua para los miembros. Otros objetivos prioritarios establecidos por el nuevo liderazgo incluyen la aprobación de la nueva ley para unificar la profesión (véase el Párrafo 25) y la restauración del flujo de ingresos antes proveniente de la tarifa de sellos. Si bien es importante garantizar una fuente sostenible de ingresos para el ICPARD, una tarifa de sello no es el mecanismo más adecuado. Este mecanismo tiende a identificar el papel de los contadores con una función administrativa y sugiere que los servicios de contabilidad representan una forma de impuesto. En su lugar, la dirección debe concentrarse en: 1) activar un programa permanente de formación de alta calidad, elevando así la calidad de los servicios de contabilidad; 2) garantizar que los miembros paguen cuotas adecuadas; y 3) desarrollar mecanismos de recuperación de costes (por ejemplo, cursos de formación) que permitan agregar valor a la profesión y para los usuarios de los servicios de contabilidad y auditoría. También deben acudir al Gobierno para procurar una subvención a mediano plazo para financiar sus prioridades inmediatas que son de interés del público.
28. Uno de los desafíos que enfrenta el ICPARD es cumplir con sus obligaciones como miembro de la IFAC, en cuanto a las normas internacionales, requisitos de ingreso, formación continua, ética, garantía de calidad y disciplina. Estos se establecen principalmente en las siete Declaraciones de Obligaciones de los Miembros (SMO, sigla en inglés). Dado que estas sólo fueron promulgadas en abril de 2004, era poco realista esperar su amplio cumplimiento en el contexto del ROSC C&A 2004. En la actualidad, el ICPARD cumple con los dos SMO que se ocupan de la adopción formal, como normas para la República Dominicana, de las NIIF (No. 7) y las NIA (No. 3). La observancia de la SMO sobre la ética es parcial (No. 4). Los principales problemas se relacionan con las SMO sobre garantía de calidad (No. 1), formación (No. 2), e investigaciones y disciplina (No. 6).
29. Con relación al SMO 2, la obtención de una licencia para convertirse en un contador público autorizado es todavía una mera formalidad, que sólo requiere evidencia de un grado de licenciatura en contabilidad. Además, el desarrollo profesional continuo (CPD, sigla en inglés) todavía no es necesario, no se lleva a cabo una evaluación periódica de las competencias profesionales y la experiencia profesional no es un requisito previo para realizar auditorías. Con relación al SMO 1, no se ha aplicado ningún sistema de garantía de calidad para el trabajo realizado. En cuanto a investigación y disciplina, no hay registro de que se hayan realizado investigaciones en los últimos años ni tampoco algún registro de sanciones. El último SMO, sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), no aplica en República Dominicana, ya que el ICPARD no tiene competencias sobre la contabilidad del sector público. El Cuadro 3 (próxima página) ofrece una visión general de la observancia de las SMO en la República Dominicana.
30. Desde 2005, la IFAC ha iniciado un programa para vigilar el cumplimiento de las SMO por parte de su membresía. La primera y segunda parte del proceso (auto-evaluación) ha concluido para la República Dominicana. Se espera que el ICPARD elabore un plan de acción detallado para lograr el cumplimiento de las SMO.
31. Desde enero de 2009, la dirección del ICPARD y las principales empresas de contabilidad han estado elaborando una propuesta para la certificación profesional de los contadores públicos. Este proyecto está todavía en una fase embrionaria. Aún se están definiendo los criterios para adjudicar el examen de calificación profesional, incluidos los requisitos de formación, el contenido del examen de ingreso, acuerdos de "derechos adquiridos" y los requisitos específicos para los auditores de bancos y empresas cotizadas. El objetivo sería comenzar por introducir, de forma voluntaria, un examen profesional basado en, si no equivalentes a, los utilizados para adquirir certificados de renombre internacional (por ejemplo, Canadá y EE.UU.). Un nuevo título, Contador Público Certificado (CPC), se creó para diferenciar los contadores que aprueban el examen de los Contadores Públicos Autorizados. De aplicarse con éxito, este sistema de certificación serviría de incentivo para que las universidades ofrezcan formación de alta calidad, ya que los índices de aprobación de sus graduados en el examen de certificación serían conocidos por el público.
Cuadro 3 - Cumplimiento por ICPARD de las Declaraciones sobre las Obligaciones de los Miembros (SMO, siglas en inglés) de IFAC
SMO 1: Control de calidad • No está vigente ningún sistema de garantía de calidad.
SMO 2: Normas Internacionales de Formación para Contadores Profesionales y otras declaraciones de la IAESB • A los contadores profesionales se les requiere una licenciatura en contabilidad y recibir una autorización administrativa ("exequátur") del Gobierno. No se requieren evaluaciones post-educacionales.
• El Desarrollo Profesional Continuado no es obligatorio
• Se está discutiendo una propuesta de certificación profesional dentro de la profesión.
SMO 3: Las NIA y otros documentos, declaraciones de la IAASB • Las NIA han sido aprobadas en su redacción actual, sin modificaciones, pero no está disponible en español. i
SMO 4: Código de Ética de IFAC para los contables profesionales • El Código de Ética del ICPARD es ampliamente compatible con el Código de IFAC. ii Los requisitos de resolución de conflictos son similares a los del Código de IFAC. Las disposiciones relacionadas con amenazas y salvaguardas no están incluidas.
SMO 5: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y disposiciones vinculadas • Las normas del sector público no están dentro el ámbito del ICPARD. iii
SMO 6: Investigación y disciplina • El ICPARD no lleva a cabo investigaciones a menos que se entable una querella ante el tribunal disciplinario. No se han reportado casos, al menos desde 2003.
SMO 7: NIIF • Las NIIF fueron adoptadas formalmente por el ICPARD en 1999. iv
Fuente: ICPARD - Respuestas al Cuestionario de Auto-Evaluación sobre SMO de la IFAC, Parte 2 (octubre de 2007). Disponible en: http://www.ifac.org/ComplianceAssessment/published.php
i. ICPARD normalmente usa una traducción de la versión de 2006 del Manual de la IAASB publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. La Norma Internacional de Control de Calidad No.1 no ha sido adoptada por ICPARD.
ii. Los requisitos éticos en la RD se basan en una versión del Código de la IFAC publicado antes de 2004. Una versión reciente no ha sido aprobada, debido a la falta de capacidad de lenguaje y de recursos financieros y técnicos.
iii. La Ley 633 autoriza al ICPARD a establecer normas de contabilidad y auditoría.
iv. Se refiere a las NIIF, sin introducir el texto completo o parcial de las NIIF individuales.
32. Además, la gestión empresarial del ICPARD debe ser fortalecida, para asegurar que su dirección cumple con su función de custodia y realiza las reformas necesarias y los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades como para cumplir con las SMO del IFAC. Por último, ICPARD debe abordar urgentemente la cuestión de su debilidad financiera. A menos que esté debidamente financiada, la profesión contable no puede realizar la transformación necesaria para aplicar las normas internacionales de C&A.
II.C. Formación Contable y Capacitación
33. La mayoría de las universidades en la RD ofrecen un plan de estudios de contabilidad, ya sea para técnicos contables (programa de dos años) o para licenciaturas en contabilidad. Sin embargo, el número de estudiantes de contabilidad en las universidades de mayor prestigio ha ido disminuyendo. Las universidades privadas tienen autonomía legal para definir sus planes de estudio, y no hay requisitos mínimos en términos del tipo y contenido de los cursos. Por lo tanto, la calidad de estos programas es variable y, en consecuencia, el valor percibido de la auditoría financiera y servicios vinculados ha disminuido en el país. Esto ha tenido efectos desfavorables sobre la imagen de la profesión contable en la sociedad dominicana y en la comunidad empresarial en general.
34. Mejorar las prácticas contables locales y la aplicación de las NIIF y las NIA (y sus equivalentes de las PYMEs) exige mejorar la formación contable; este proceso se ha iniciado en la República Dominicana, pero aún queda mucho por hacer. Algunas universidades ya han adoptado medidas para reformar sus planes de estudio.
35. Un proyecto iniciado en 2002, dirigido por el gobierno para mejorar los planes de estudio de contabilidad en las universidades, nunca fue terminado. Como se mencionó en el ROSC C&A de 2004, un grupo de trabajo se había creado bajo los auspicios de la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT), con la participación de representantes de las principales universidades, el ICPARD y el CODOCON, para desarrollar propuestas de armonización y actualización de los planes de estudios de contabilidad . A pesar de un comienzo alentador, el proceso nunca dio resultados viables. Basándose en la experiencia del programa del ROSC C&A en otros países de América Latina, este resultado no sorprende, dada la dificultad de la tarea y los incentivos dudosos para que las universidades que compiten entre ellas colaboren en este tipo de iniciativa. Imponer mejoras de calidad en la enseñanza de contabilidad, es decir, el rediseño de los planes de estudio, la aplicación de la necesaria base de tecnología de informática, la reconversión profesional de profesores, la adquisición de material didáctico, etc., requiere de mucho tiempo y esfuerzo.
36. Los planes de estudios de contabilidad deben ser mejorados para incluir una mejor cobertura de las NIIF, los IAS y los principales temas relacionados. Una encuesta de las principales universidades, realizada como parte del proceso del ROSC C&A, reveló que los cursos de ética profesional, economía, finanzas y buena gestión empresarial suelen faltar en los planes de estudio. Tres de las cuatro principales universidades que ofrecen un grado de contabilidad tienen cursos sobre las NIIF y, dos de ellas, de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EE.UU. (GAAP, sigla en inglés) y los ISA. Preferiblemente, los profesores deben tener experiencia en el ejercicio público de su profesión y ser capacitados en las normas internacionales, que no siempre es el caso en la República Dominicana. Para que las universidades puedan desarrollar actividades significativas de investigación, también es necesaria la ampliación de los recursos financieros y las habilidades en el idioma inglés. Por último, la cobertura adecuada de los asuntos importantes en los programas de estudio es esencial para que los estudiantes sean competitivos a nivel internacional en un país que busca una mayor integración regional.
37. El acceso de los contadores profesionales a la capacitación en normas internacionales es bastante limitado. El ICPARD ofrece un curso de capacitación de nueve horas, que se centra principalmente en la contabilidad fiscal. Los socios y el personal de las empresas más grandes de auditoría (las llamadas empresas "Big 4" y "nivel 2") tienen acceso a cursos a través de sus respectivas redes. En general, la disponibilidad de cursos de capacitación sobre las NIIF, la auditoría y otros temas de interés no es suficiente para asegurar que los contadores y auditores en ejercicio puedan actualizar adecuadamente sus conocimientos profesionales.
38. El RD-CAFTA y una mayor integración financiera con Centroamérica implican que la enseñanza de la contabilidad debe mejorar en el país para poder cumplir con los requisitos internacionales. La armonización continuada de los planes de estudios entre las universidades y la cobertura apropiada de los temas importantes son esenciales para el logro de este objetivo. Las NIIF y las NIA deberán ser aplicadas plenamente, lo que requiere actualizar los planes de estudios de contabilidad en las universidades.
II.D. Establecimiento de Normas de Contabilidad y Auditoría
39. El ICPARD es el órgano normativo oficial de C&A en la RD; además, las autoridades reguladoras del sector financiero establecen sus propias normas específicas que anulan las normas aprobadas por el ICPARD en caso de conflicto. Un organismo normativo de C&A que sea independiente tanto de la profesión como del gobierno se considera una buena práctica, dado el carácter de bien público de la información financiera empresarial y los posibles conflictos de intereses asociados con establecer normas y tener que aplicarlas. Unos cuantos países en América Latina han establecido entidades establecedoras de normas de C&A con distintos grados de independencia. Sin embargo, el funcionamiento eficaz de dichas entidades requiere recursos adecuados, que es un reto para la mayoría de los países. Para el futuro previsible, es probable que el régimen actual permanezca igual.
40. Desde 2004, las actividades de establecimiento de normas del ICPARD han sido muy limitadas. Aunque la adopción de las NIIF y las NIA ha aliviado al ICPARD de una gran parte de sus funciones de elaboración de normas, el mismo debería considerar esto como una oportunidad para convertirse en un participante más activo en el proceso de establecimiento de normas internacionales. Hasta la fecha, el ICPARD aún no ha enviado informes con comentarios a la IASB ni tampoco a la IAASB explicando su punto de vista a través de documentos de trabajo. Esto significa que ha perdido oportunidades para influir en la elaboración de las normas que ha decidido aplicar. Además, ha ofrecido escasa orientación e interpretaciones sobre la aplicación de las NIIF. La única medida adoptada desde 2004 fue la emisión de una resolución en abril de 2005, que establece la interpretación del ICPARD de si la RD estaba en una situación hiperinflacionaria conforme a la IAS 29 (la inflación alcanzó el 27% en 2003 y el 51% en 2004). En la resolución se concluyó que la RD no se encontraba en una situación hiperinflacionaria, basado en una evaluación de los cuatro principales criterios enunciados en la IAS 29.
41. La NIIF para las PYMEs recién publicada no ha atraído un interés considerable en la República Dominicana hasta la fecha, a pesar de que la inmensa mayoría de las empresas dominicanas tendrían derecho a utilizar estas normas. El ICPARD no ha organizado ninguna actividad para difundir y/o promover estas normas, que tienen por objeto complementar las NIIF plenas. Tampoco el ICPARD ha hecho comentario alguno a la IASB durante la fase en que corresponde la elaboración del documento de trabajo (febrero a octubre de 2007).
42. La falta de un proceso activo de establecimiento de normas contabilidad y auditoría es un asunto bastante común en toda América Latina y el Caribe, que no puede resolverse fácilmente debido a los recursos que son necesarios para llevar a cabo estas actividades. Para la República Dominicana, la solución probablemente consiste en alcanzar acuerdos de colaboración con los países centroamericanos y otros países que han adoptado las NIIF como sus normas nacionales.
II.E. Cumplimiento de las Normas de Contabilidad y Auditoría
43. Luego de la crisis bancaria de 2003 y durante la preparación del ROSC anterior, la supervisión estatal del sector financiero se encontraba en proceso de fortalecimiento, con la asistencia de donantes internacionales. Cada una de las cuatro Superintendencias (de Bancos, Seguros, Pensiones y Valores) tenía su propio conjunto de reglamentos sobre auditorías externas y sus propios registros de auditores externos autorizados. Como se mencionó antes, este es todavía el caso en el país. Ni el ICPARD ni el CODOCON ha aplicado las normas de información de C&A entre sus miembros. Si bien en el anterior ROSC C&A se informa que las autoridades fiscales recibieron los estados financieros de más de 5,000 personas jurídicas, esto no garantizó que las normas contables se habían aplicado correctamente.
44. Para el sector bancario, la SB ha reforzado considerablemente su aplicación de los requisitos de información financiera. Además de ejercer un mayor control en la aplicación de las normas de constitución de reservas para préstamos incobrables, el personal de la SB realiza revisiones de los estados financieros presentados por los bancos. Estas revisiones están a cargo de la Unidad de Control de Auditoría de la SB.
45. La creación de una Unidad de Control de Auditoría en la SB ha sido el mayor paso adelante en los procesos de ejecución de contabilidad y auditoría en la República Dominicana desde el primer ROSC C&A. La unidad surgió en 2006 para abordar las deficiencias de aplicación en el sector financiero, como parte de su transición hacia un enfoque de supervisión basado en riesgos. La unidad se encarga de revisar las solicitudes para el registro de auditores y de llevar a cabo inspecciones de las empresas de auditoría. Su personal está compuesto por tres empleados con experiencia en contabilidad y auditoría. La unidad también está considerando acuerdos de cooperación con superintendencias extranjeras para crear pasantías, como una manera de enriquecer el trabajo del personal, proporcionando experiencia internacional.
46. La introducción de la Unidad de Control de Auditoría de la SB ya ha dado resultados positivos y una mejor percepción en todo el país de la supervisión en el sector bancario. Durante 2007, se hicieron ocho evaluaciones de firmas potenciales de auditoría, avanzando así hacia una entrada más controlada al sistema bancario. También, se realizaron inspecciones relacionadas con auditorías de cinco entidades diferentes. Además, el hecho de que un auditor fue sancionado es una señal de que el mecanismo de aplicación en el sector bancario está mejorando. La Unidad de Control representa un buen paso inicial pero este es un proceso a largo plazo y aún queda mucho por hacer en el futuro.
47. La aplicación de los requisitos contables entre las entidades no bancarias es desigual y necesita fortalecimiento. Las Superintendencias de Bancos, Valores y Pensiones examinan los estados financieros, así como el trabajo de los auditores como parte de su proceso de supervisión. La SIV también examina los estados financieros de las instituciones emisoras y estas forman parte de los circulares de oferta. Por otra parte, la Superintendencia de Seguros (SIS) debe reforzar sus mecanismos de aplicación para garantizar el cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría para las compañías de seguros. Además, el SIS debe revisar los estados financieros de las empresas utilizando actuarios, además de su personal actual.
48. La supervisión de los auditores por parte de la profesión necesita ser reforzada considerablemente en la República Dominicana. El ICPARD tiene que mejorar su liderazgo y capacidad para supervisar adecuadamente la profesión de auditoría, así como para cumplir plenamente con las SMO (véase el Párrafo 27). A pesar de que es el órgano normativo principal, el ICPARD no verifica el cumplimiento con las NIIF y carece de medios para imponer sanciones (véase el Cuadro 4). La falta de recursos financieros le impone obstáculos evidentes a la capacidad del ICPARD de cumplir su función adecuadamente.
49. Las otras agencias reguladoras del sector financiero deben seguir mejorando sus mecanismos de aplicación de auditoría. Las Superintendencias de Pensiones y de Valores tienen un proceso bastante riguroso para registrar auditores como parte de su proceso de supervisión. Sin embargo, el proceso de revisión se limita al informe de auditoría mismo y no aborda los aspectos más generales relacionados con el proceso de auditoría, incluidos los acuerdos de garantía de calidad, el comportamiento ético, la capacitación y las políticas de compensación de las empresas de auditoría, así como "tone at the top".
50. El resultado favorable producido por la Unidad de Control de Auditoría de la SB es un buen augurio para el futuro; este ejemplo debería trasmitirse a las demás superintendencias del sector financiero, si es posible a través de un sistema común. A largo plazo, se debe introducir un sistema de supervisión independiente de la función de auditor estatutario, como ya se ha recomendado en el 2004 ROSC C&A. Dada la amplia gama de partes interesadas (que incluye las superintendencias financieras, las autoridades tributarias y la profesión misma) y debido a que introducir este sistema plantea retos importantes (incluyendo la forma de financiarlo), las características del sistema deben ser cuidadosamente analizadas y la República Dominicana debe tratar de basarse en la experiencia de otros países de América Latina en este ámbito.
III. Prácticas Observadas de Información y Auditoría
III.A. Situación de la Adopción de las NIIF y las NIA en la República Dominicana
51. Como se mencionó en el ROSC C&A de 2004, con excepción del sector financiero, las NIIF han sido el estándar oficial de información financiera empresarial en la República Dominicana desde 1999. En los sectores de la banca, seguros y pensiones, cuando existe una discrepancia, las normas prudenciales emitidas por los respectivos órganos reguladores o supervisores tienen prioridad sobre las NIIF.
52. El ICPARD realizó una auto-evaluación en 2007, y confirmó su decisión de adoptar los pronunciamientos de la IAASB sin modificaciones. Las NIA han sido las normas oficiales para las auditorías en la República Dominicana desde que se aprobaron oficialmente en 1999. No obstante, se han logrado mejoras importantes a pesar de la falta de recursos y conocimientos técnicos que han dificultado el pleno cumplimiento de las NIA.
53. El sector bancario ha aplicado normas más estrictas derivadas de la promulgación en el 2002 de la Ley Monetaria y Financiera (LMF). El objetivo de esa reforma era el de pasar de un modelo correctivo a uno preventivo de supervisión bancaria, lo que reduce la brecha con la práctica internacional que implica un enfoque basado en el riesgo. La LMF revisada proporciona los mecanismos para medir y evaluar los riesgos integrales en los grupos financieros, vigilar el cumplimiento de los reglamentos y establecer programas eficaces de sanciones.
54. Las normas contables de seguros difieren significativamente de las NIIF y quedan cortas en términos de los requisitos de divulgación. La Ley de Seguros No. 146-02 no ha sido modificada desde su promulgación el 26 de septiembre de 2002.
55. En la revisión se observó una diferencia sustancial entre los informes de auditoría elaborados por empresas afiliadas a las grandes cadenas internacionales y los producidos por pequeñas firmas locales o profesionales independientes. Los informes elaborados por las empresas de auditoría afiliadas a las grandes cadenas internacionales (“Big-4”) están preparados con un grado razonable de sofisticación y buena calidad; en cambio, las preparadas por las pequeñas firmas de auditoría y profesionales independientes incluyen incoherencias e información incompleta.
III.B. Revisión de Estados Financieros
56. La revisión de una pequeña muestra de estados financieros preparados por empresas locales muestra algunas mejoras con respecto a 2004, a pesar de que se identificaron unas cuantas desviaciones de las NIIF. El equipo del ROSC revisó 16 conjuntos de estados financieros emitidos por empresas dominicanas con el fin de evaluar las prácticas actuales de presentación de informes desde el primer ROSC C&A. La revisión abarcó los estados financieros emitidos a partir del 31 de marzo de 2007 por tres empresas que cotizan en bolsa; siete empresas privadas que no cotizan en bolsa; dos empresas de propiedad estatal; dos bancos; y dos compañías de seguros.
57. El área principal de desviación identificada en la revisión tenía que ver con insuficiencias de divulgación. Una divulgación adecuada es necesaria para que los usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones debidamente informadas. Las áreas en donde la divulgación se consideraba insuficiente incluyeron las siguientes:
• Políticas contables, estimaciones y errores (IAS 1 y 8). La descripción de las políticas contables observadas era genérica. Por ejemplo, el método utilizado para las mediciones de propiedad, planta y equipo no estaba claramente mostrado por varias empresas. En seis casos, las empresas no divulgaron los dividendos y el capital accionario en las anotaciones que acompañan a los estados. Las políticas contables adoptadas en la medición de inventarios, incluyendo la fórmula de costos utilizada, raras veces eran divulgadas;
• Detalles de elementos clave de los estados financieros. Esto es aplicable en particular a: las estimaciones del efecto de los posibles activos y pasivos contingentes; las prestaciones de empleados; y los ingresos por acción; y
• Las políticas de gestión de riesgos, incluyendo riesgos crediticio y de liquidez (las divulgaciones previstas eran genéricas).
III.C. Percepción Acerca de la Calidad de la Información Financiera
58. Como fue el caso en 2004, las percepciones de la calidad de información financiera en la República Dominicana siguen siendo diversas en el mejor de los casos, y la mayoría de los usuarios considera que se requieren mayores esfuerzos para cumplir con los requisitos de las normas internacionales. El equipo del ROSC entrevistó a funcionarios de los bancos más importantes durante un taller organizado por la Asociación de Bancos. Los usuarios de estados financieros consideran que, si bien la calidad y fiabilidad de la información financiera ha mejorado un tanto, por lo general sigue siendo relativamente débil, y la cantidad de información proporcionada por las empresas parece ser restringida. La información financiera del sector financiero y de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa parece haber mejorado, en gran parte debido al hecho de que estas son auditadas por firmas pertenecientes a las grandes cadenas internacionales y están sujetas a la supervisión reguladora. Sin embargo, sigue siendo necesaria una mayor fiabilidad de los informes de auditoría y la habilidad de rendición de cuentas de los auditores externos se considera insuficiente.
59. Los representantes de los principales bancos comerciales expresaron su preocupación por una serie de aspectos de la información financiera de sus clientes. Hay una marcada tendencia de que las grandes firmas sean los auditores de las instituciones financieras y corporaciones que cotizan en bolsa y que las pequeñas empresas y los profesionales independientes son los auditores de las PYMEs. Existe un mayor nivel de confianza en las firmas grandes con afiliaciones internacionales en comparación con las firmas locales más pequeñas. La profesión contable y los mecanismos de aplicación de las pequeñas firmas de auditoría generalmente se perciben como débiles.
IV. Recomendaciones
60. El ROSC C&A 2004 había establecido 12 recomendaciones. A esta fecha, dos recomendaciones han sido implementadas sustancialmente. El Cuadro 4 provee una panorámica del estado de la implementación de las recomendaciones del ROSC C&A 2004.
61. Hay varios factores que contribuyen a la situación actual de la República Dominicana. Primero, la falta de recursos del ICPARD limita su habilidad para ejercer un papel de liderazgo y elevar el nivel de la profesión. El tema de los recursos crea un círculo vicioso: ya que el ICPARD no es capaz de proveer servicios de alto valor agregado a sus miembros, se esfuerza por recaudar cuotas de membresía y crear nuevas fuentes de ingresos. En vista de que tiene recursos limitados, no puede proveer servicios de alta calidad. Segundo, los onerosos requisitos aplicables a las PYMEs (V.g., las NIIF plenas y auditorías externas) han resultado en un efecto de dilución, que estimula una cultura de incumplimiento. Considerando estos factores y aunque las recomendaciones anteriores que no han sido implementadas siguen siendo válidas, esta actualización del ROSC C&A se dirige a una cantidad limitada de acciones prioritarias, para las cuales hay una expectativa razonable de que puedan ser implementadas a mediano plazo. Las recomendaciones específicas de políticas se resumen a continuación. Se deben abordar otros asuntos no cubiertos bajo estas recomendaciones como parte del Plan de Acción de País propuesto (Párrafo 74).
62. El establecimiento de un financiamiento adecuado para el ICPARD parecería ser una prioridad inmediata, aún si se requiere de un subsidio público en el corto y mediano plazo. A menos que al liderazgo de la profesión de contabilidad se le provean los recursos adecuados para cumplir con su función, la contribución de la profesión para lograr las reformas necesarias será débil en las mejores circunstancias. Además, el ICPARD debe buscar el apoyo de la IFAC para identificar soluciones para aumentar sus ingresos, basado en a la experiencia de otros países frente a desafíos similares.
63. Al mismo tiempo el ICPARD necesita mejorar su gestión empresarial y demostrar su disposición de cumplir con las obligaciones frente a la IFAC y a la sociedad dominicana. Los atributos clave de una buena gestión institucional incluyen una bien definida y efectiva estructura organizacional (V.g., comités técnicos y consejo de disciplina plenamente funcionales), la buena representación del interés público dentro del interés de la organización (de lo cual el Consejo de Seguimiento del Interés Público de la IFAC es un buen ejemplo), la comunicación y divulgación apropiada al público (V.g., a través de la emisión de un informe anual de alta calidad).
64. Se necesita un marco simplificado de información contable y financiera para las PYMEs, que incluya normas simplificadas de contabilidad. Los requisitos para las PYMEs deben ser proporcionales a su tamaño, a los tipos de transacciones que realizan y a su cantidad limitada de accionistas. A este respecto, las autoridades dominicanas deberían adoptar las NIIF para las PYMEs, emitidas por el IASB en julio de 2009. Estas normas simplificadas requerirían un menor nivel de divulgación y eliminarían las opciones más complejas dispuestas por las NIIF, especialmente aquellas que requieren el uso de valores justos. Si bien la adopción de las mismas para las compañías no cotizadas sería sin dudas un paso significativo en la dirección correcta, es importante observar que aún estas normas ajustadas pueden ser demasiado complejas para las compañías más pequeñas del país. Para estas compañías, el gobierno debería considerar eliminar por completo las obligaciones de información financiera y auditoría. Esto implicaría para la RD un sistema de tres pisos, congruente con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
65. Como medida acompañante, las autoridades deberían considerar la introducción de una nomenclatura estándar de cuentas, ya que el aumento de la estandarización ayudaría a mejorar la compatibilidad y homogeneidad de la información contable dentro de un sector dado; además facilitaría también la preparación de los estados financieros de las PYMEs.
Tabla 4 – Estatus de las Recomendaciones de 2004
Acción Estado de Implementación
1. Enmendar el Código de Comercio para aliviar la carga reguladora sobre las PYMEs de tener que presentar estados financieros auditados conforme a las NIIF. Parcialmente implementado: La nueva Ley de Compañías (No. 479-08) promulgada en diciembre de 2008; umbral de requisitos de auditoría fue modificado, de US$1,000 del capital emitido a aproximadamente US$20,000.
2. Requerir que las empresas depositen estados financieros auditados anuales en unl registro público a ser dispuesto para ese propósito. Pasos iniciales: Los grandes deudores corporativos depositan sus estados financieros auditados en las entidades de intermediación financiera, como parte de la documentación requerida para otorgar un crédito
3. Establecer una entidad de supervisión para la profesión de auditoría con responsabilidades de amplio alcance. Pasos iniciales: El establecimiento de un sistema de certificación profesional prepararía el camino para la introducción de un sistema de supervisión (véase el Punto 4).
4. Introducir un sistema de certificación profesional requerido para conferir la licencia de auditor externo para fines legales. Pasos iniciales: Desde enero de 2009, el liderazgo del ICPARD y las principales firmas contables han estado trabajando para desarrollar una propuesta para una certificación de profesional de la contabilidad.
5. Fortalecer el código de ética para los profesionales de la contabilidad. No implementado: Se espera que el ICPARD aborde este asunto como parte del Programa de Cumplimiento de la IFAC.
6. Armonizar y fortalecer los planes de estudios académicos en el campo de C&A. En curso: Algunas universidades principales han actualizado los planes de estudios de la carrera de contabilidad.
7. Requerir rotación obligatoria de socios para todas las auditorías de entidades de interés público. Sustancialmente implementado: Rotación obligatoria de tres años de los socios de auditoría para las instituciones financieras.
8. Requerir a los grupos corporativos grandes, cuya estructura accionaria implica un grado más alto de rendición de cuentas, la presentación de estados financieros consolidados auditados. No implementado.
9. Esclarecer la función del comisario en los estatutos, eliminando cualquier redundancia con el papel del auditor externo. Pasos iniciales: El comisario deberá ser un contador público autorizado con al menos 3 años de experiencia en auditoría (Ley No.479-08).
10. Requerir que los auditores externos sean invitados a las reuniones generales anuales de los accionistas en todas las entidades de interés público. No implementado.
11. Armonizar los principios reguladores de contabilidad para bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones con los de las NIIF. Realizar una encuesta acerca del impacto de dicha armonización. En curso: La implementación del reglamento prudencial sobre supervisión consolidada ocurrió en junio de 2006. La supervisión consolidada es una prioridad establecida de la actual administración dominicana.
12. Establecer programas de capacitación para las autoridades reguladoras sobre las normas de contabilidad y auditoría, así como la aplicación de los requisitos de información financiera. En curso: La Unidad de Control de Auditoría (SB) ha desarrollado acuerdos colaborativos para actividades de desarrollo de capacidad (V.g., pasantía) con contrapartes regionales.
66. Como parte de sus esfuerzos para cumplir con las SMO de la IFAC, el ICPARD debería implementar un sistema de desarrollo profesional continuo (CPD, sigla en inglés). Este sistema debería enfocarse inicialmente en la NIIF para las PYME y la recién publicada Guía para el Uso de las NIA en las Pequeñas y Medianas Empresas, de la cual hay una traducción disponible en español. La provisión por parte del ICPARD de capacitación y CPD de alta calidad a sus miembros, incluyendo a los contadores públicos y a los contadores del sector privado (es decir, los preparadores de estados financieros empresariales) y del gobierno, ayudaría al ICPARD a superar sus dificultades financieras en el largo plazo. Además, abordaría las limitaciones de capacidad de la profesión en conjunto. Con el tiempo, a medida que su programa de CPD se vaya estableciendo, el ICPARD debería hacer del CPD un requisito para su membresía, en concordancia con las SMOs de la IFAC. Es probable que la introducción de dicho sistema requiera y atraiga el apoyo (financiamiento generador) de organizaciones internacionales. Otra prioridad importante que debería ser incluida en el CPD es el cumplimiento con las demás SMO, tales como de garantía de calidad, formación, ética e investigación y disciplina.
67. A este respecto, el ICPARD debería adoptar la última versión del Código de la IFAC, que establece requisitos de independencia más fuertes para los auditores externos en comparación con versiones anteriores.
68. La profesión debería disponer su plan para crear una certificación al estilo de los EE.UU. o Canadá para la profesión de auditoría. Crear un sistema robusto de certificación, que culmine en un examen profesional, es una forma de asegurar que los nuevos ingresantes a la profesión tengan las calificaciones necesarias para realizar auditorías de alta calidad. En vista de que esto se trata de una iniciativa que requerirá importantes aportes de tiempo, recursos y capacidad técnica, una posible solución de transición sería crear una certificación para auditores de las entidades reguladas (bancos, compañías que cotizan en bolsa, compañías de seguros) como un primer paso. A este respecto, las cuatro autoridades reguladoras deberían trabajar juntas con el ICPARD para implementar un examen profesional que deberá ser aprobado para poder auditar entidades reguladas. Esto seguiría los ejemplos de Brasil, donde el Banco Central administra su propio examen para los auditores de instituciones financieras, así como México, donde las tres autoridades reguladoras financieras requieren a los auditores estar certificados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Con el paso del tiempo, este proceso de certificación podría ser ampliado a todos los auditores. El éxito de este esfuerzo descansa en la participación y el esfuerzo sostenidos de todos los actuantes principales, un compromiso adecuado de la comunidad académica con el ICPARD y el fuerte involucramiento y papel de liderazgo jugado por las autoridades supervisoras del sector financiero.
69. Las universidades deberían prosperar si mejoran y modernizan sus programas de estudios de contabilidad, a través de una mejor cobertura de las NIIF, la auditoría, la buena gestión corporativa, gestión de riesgo y otros aspectos clave de la información financiera empresarial moderna, de este modo reteniendo o mejorando su posición competitiva. Se espera que la certificación propuesta pueda crear los incentivos para que las universidades mejoren la calidad de la formación que ofrecen. Los índices de aprobación del examen de certificación serían divulgados al público, permitiendo que los estudiantes elijan en qué universidad inscribirse en base a este indicador.
70. En vista de la transición hacia la supervisión consolidada, las cuatro superintendencias deben establecer procesos conjuntos de inspección de auditorías que estén adecuadamente fundamentados. Esto permitirá una supervisión más homogénea de las entidades y las firmas de auditoría y reducirá la duplicación del esfuerzo que implica el proceso de registro y la supervisión. Para asegurar una aplicación efectiva, la supervisión consolidada debe estar basada en el riesgo. Se debe hacer un esfuerzo adicional para estimular la cooperación y armonizar las regulaciones entre sectores (V.g., el establecimiento de un registro único para las firmas de auditoría y la alineación de aspectos de la regulación de información financiera, tales como fechas límite de reportes y normas de valoración de instrumentos financieros o de propiedad).
71. La calidad de la divulgación de las entidades del sector financiero debería mejorarse a través de: i) la aplicación de disposiciones sobre plena responsabilidad de los estados financieros de parte de los principales ejecutivos de los intermediarios financieros; ii) la publicación de estados financieros auditados en los respectivos sitios en las páginas de Internet de las instituciones supervisoras; y iii) una garantía de que las prácticas de divulgación están plenamente alineadas con las NIIF.
72. Las autoridades reguladoras del sector financiero deberían efectuar una evaluación de los efectos de la armonización con las NIIF de las normas reguladoras contables para bancos y compañías de seguros. Las autoridades reguladoras bancarias deberían estudiar el impacto de alinear las normas bancarias con las NIIF y con las recomendaciones del Comité de Basilea, con la finalidad de adoptar las NIIF a mediano plazo. El estudio debe ser amplio y debe cubrir por lo menos los siguientes asuntos: (1) identificación de brechas entre las normas dominicanas de contabilidad bancaria y las NIIF; (2) evaluación de la amplia gama de efectos financieros específicos relacionados con la aplicación de las NIIF en los bancos; y (3) evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidad para que los bancos puedan aplicar las NIIF y los principios del Comité de Basilea. De la misma forma, se debería lanzar un estudio similar sobre el impacto de la adopción de la NIIF 4, Contratos de Seguros, para el sector asegurador.
73. En lo inmediato, las autoridades dominicanas son alentadas a disponer un amplio Plan de Acción de País (CAP, sigla en inglés) para implementar las recomendaciones de política de arriba. El proceso de desarrollo del CAP, que podría involucrar a todos los actuantes relevantes, sería útil para transformar las recomendaciones del ROSC en un conjunto de actividades concretas, priorizadas y que se cumplan en un determinado tiempo. A este respecto, se podría establecer un Comité Nacional de Dirección bajo los auspicios de la SB, con colaboración significativa de los reguladores financieros, reguladores de otros sectores específicos y el ICPARD, para supervisar la preparación e implementación del CAP. El referido CAP debería incorporar el propio plan de acción del ICPARD, que esta última tendrá que desarrollar como parte del proceso de Cumplimiento de Miembro de la IFAC. Un conjunto importante de disposiciones a ser consideradas para incluir en el CAP son las constantes necesidades de capacitación de los auditores y contadores en ejercicio, así como los requisitos básicos de capacitación para las autoridads reguladoras, académicos y analistas financieros.
